El martes 2 de agosto pasado comenzaron los alegatos en
la causa judicial contra genocidas de la última dictadura militar caratulada
como Diaz Bessone. Transcurrido algo mas de un año del inicio de la misma se empieza
a transitar la etapa final a la espera de una sentencia similar a la ejecutada
en el anterior proceso judicial contra genocidas en nuestra ciudad.
Los imputados de esta causa son: el ex comandante del
Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías
rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José
Carlos Scortechini y el civil Ricardo Miguel Chomicky. El Segundo Cuerpo del
ejército operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía
de Rosario, el mayor centro de detención clandestina en la región y donde
sufrieron cárcel y torturas entre 1800 y 2000 personas.
En el ultimo tiempo las diferentes querellas y hasta la fiscalía
presentaron distintas solicitudes al tribunal que juzga a dichos imputados
tales como un pedido para que se revoque la excarcelación de que gozan los
imputados y se ordene su inmediata remisión a una cárcel común; así como
también el pedido de ampliación de acusación interpuesta por el fiscal del
juicio, Gonzalo Stara contra cinco de los imputados. Las querellas de la causa
coinciden en que haberle hecho caso a estos pedidos hubiera hecho de la
sentencia un fallo mas acorde al horror relatado por los mas de 190 testigos
que desfilaron por la sala del Tribunal Oficial Federal Nº2.
La primera querella en alegar fue la de la Secretaria de
Derechos Humanos de la Nación a cargo de la Dra. Ana Oberlin, la presentación
apuntó a englobar los hechos en el contexto histórico, además se hizo gran
hincapié en un pedido de la secretaría para que los delitos de género y sexuales
cometidos especialmente contra las mujeres sean realmente juzgados y los
responsables reciban una pena especial por ello. Al respecto la letrada dijo:
"las mujeres, por su condición de tales, fueron sometidas a prácticas
represivas diferenciales, como quedó establecido en este debate. Esto no fue
casual, si no que tuvo el objetivo particular de disciplinarlas por haber
transgredido, con su militancia y compromiso, el lugar que la cultura machista
tenía asignado para ellas en esa época, ubicándolas como amas de casa y madres.
Había que castigarlas por haberse salido del estereotipo y por eso, además de
someterlas a las cruentas torturas que padecieron todos y todas en los centros
clandestinos también debieron vivir situaciones particulares vinculadas a su
condición de mujeres y fueron mayoritariamente víctimas de agresiones
sexuales".
Al término de la Sec. De DDHH siguió la presentación de
l@s abogad@s de HIJOS, "Con la verdad sobra para condenar a los
imputados", enfatizaron los abogados Alvaro Baella y Nadia Schujman. En
relación a las privaciones ilegítimas de la libertad, desde Hijos plantearon
que ese delito duró todo el tiempo que estuvieron detenidos las víctimas,
incluso el tiempo que permanecieron en calidad de "blanqueados", es
decir puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Baella explicó que
esa detención "era un engranaje más dentro del plan sistemático" del
terrorismo de Estado.
Finalmente ambas querellas pidieron condenas
similares para los imputados a excepcion de que la Sec de DDHH de la Nación
pidio perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y
el ex policía José Lo Fiego y la de HIJOS solo a Diaz Bessone y a Lo Fiego 25
años de prision, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos
agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, homicidio agravado y
asociación ilícita. Para los ex policías José Scortecchini, Ramón Vergara y
Mario Marcote solicitaron 25 años de prisión, por delitos de privación ilegal
de la libertad agravada, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticas
y asociación ilícita. Ninguna de las dos imputa al acusado Chomicky.
Este Lunes 15 comenzó la presentación de las
abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellas
particulares con un recorrido histórico, político y social de lo que implicó la
sangrienta dictadura de 1976. Luego de esta introducción se pasó a la lectura
caso por caso de los representados por las abogadas Gabriela Durruty, Daniela
Asinari, Jesica
Pellegrini y Leticia Fascendini.
La querella incluye a un grupo de
sobrevivientes que integra el grueso de aquellos que abrieron la causa por
violación a los derechos humanos en enero de 1984 y que persistió en sus
planteos hasta la actualidad. Con respecto a eso Gabriela Durruty hizo un
especial reconocimiento a la lucha de estos sobrevivientes que aun con la
dictadura vigente denunciaron a sus verdugos.
El recorrido de las historias particulares y
a al vez construidas colectivamente de cada uno de los casos estremeció la piel
del numeroso público que este lunes colmó las dos salas dispuestas para
presenciar la audiencia. Entre los presentes se encontraban victimas, testigos,
querellantes, organismos de derechos humanos y publico en general.
Esta es la última querella en alegar
y ya adelanto que acusarán por el delito
de “genocidio” a los procesados en el juicio oral por la causa Díaz Bessone.
Además se acusa por los delitos de homicidio triplemente calificado, aplicación
de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad calificada y
desaparición forzada de personas, figura recientemente agregada al Código Penal
y que se ajusta perfectamente a algunos de los hechos más graves ventilados en
las audiencias.
Las audiencias se
retomarán el 29 de agosto y en esa oportunidad cerraran este último alegato.
