El escándalo de la Cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas es sólo la punta del iceberg
La escandalosa situación de la cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas ha puesto una vez más en el centro del debate la cuestión del manejo de los fondos en las Universidades públicas. Superficialmente, los sucesos que han hecho públicos los diarios Rosario 12 y La Capital pueden ser considerados como “meros” actos de corrupción en manos de funcionarios inescrupulosos. Sin embargo,una mirada más profunda debe reconocer que el problema radica en el uso privatista del patrimonio público de la UNR , que es patrimonio de tod@ l@s ciudadan@s argentin@s.
A continuación, detallamos la posición de la agrupación Santiago Pampillón-el grito:
Los hechos
El pasado lunes 14, el matutino local Rosario 12 hizo público los resultados de la auditoría contable efectuada por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR a la cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas. Facturas apócrifas, pagos a proveedores inexistentes, contador público con DNI menor a 18 años, operaciones bursátiles sin registro, son algunas de las tantas irregularidades que pusieron de manifiesto los autores del informe mencionado.
La gravísima situación merece que se llegue hasta las últimas consecuencias legales y que los responsables del desfalco –que implica la malversación de fondos generados haciendo uso del patrimonio público-, integrantes de la comisión directiva saliente: la presidenta, Raquel Elena Serrani; el vicepresidente, Alfredo José Jorfren; el tesorero, Julio César Jozami Barreiro y el protesorero, Ricardo Juan Bazet, respondan con sus bienes personales.
Los antecedentes
La magnitud de los hechos arriba descriptos no hacen a la novedad de las circunstancias. Por el contrario, son el producto de la implementación de un conjunto de mecanismos privatistas al interior de la Universidad pública durante la nefasta década menemista que lejos han estado de modificarse en estos últimos años. Los gobiernos de turno de la UNR han aplicado diferentes normativas procurando brindar un marco legal a una situación de hecho que se vio abonada por la insuficiencia presupuestaria de los años 90 y que hoy no es suficiente para revertir el desfinanciamiento de las UUNN. Desde Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) a Asociaciones Civiles como Cooperadoras o Fundaciones, la Universidad pública se ha visto invadida por entidades que usan el patrimonio público universitario –mobiliario, inmobiliario e incluso, personal de trabajo-, cuyos miembros son generalmente docentes (usualmente coincidentes con el color político del gobierno de la Facultad ) sobre las que no puede ejercer ningún tipo de control.
Un fenómeno que se puede repetir en otras unidades académicas
Bajo condiciones de sospecha se pueden hallar otras cooperadoras o fundaciones ya que durante años no han hecho público informe contable alguno. Por ejemplo, la Asociación Docente Barrancas del Paraná de la Facultad de Ciencia Política y RRII no presenta ni memorias ni balances al Consejo Directivo de la Facultad desde el 2004.
El planteo
La implementación de los mecanismos previamente aludidos, ha merecido, como contrapartida, una continua denuncia y resistencia. Y también, una serie de iniciativas que procuren modificar la normativa vigente. El último intento de ello fue en el marco de la malograda reforma de los Estatutos de la UNR , durante el año 2007. En ese contexto, desde la FUR (en ese momento conducida por Santiago Pampillón junto a otras agrupaciones) junto a asambleístas docentes se propuso modificar el Estatuto con la finalidad de facultar a los Consejos Directivos para administrar los fondos generados por cualquiera de las asociaciones civiles que actúan en cada unidad académica. Llegado a ese punto del debate, las actuales autoridades de la UNR , Darío Maiorana (UCR) y Eduardo Seminara (PJ), junto a la avenencia del Partido Socialista, suspendieron unilateralmente la Asamblea Universitaria , dejando sin discusión este punto... hasta el día de hoy. El demuestra la magnitud que cobra la existencia de estos mecanismos privatistas para los sectores que gobiernan la Universidad , creyéndose sus dueños.
La propuesta de reforma del Estatuto, respaldada en las resoluciones del Consejo Superior de la UNR del 26 de junio del 2007, se planteaba como una solución parcial a un problema mucho más profundo que abarcan desde las formas de financiamiento de las UUNN, la administración de esos fondos (en el presente muchas veces utilizados para reproducir el aparato partidario-clientelar de los gobiernos universitarios) hasta la función social de la Universidad pública.
Los acontecimientos de la cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas advierten nuevamente sobre la necesidad de transformar esta situación. Una de las maneras de hacer ello posible, consiste en otorgar a los Consejos Directivos de cada unidad académica la administración de los fondos provenientes de las asociaciones civiles. En el contexto electoral de este 2011, este es un debate insoslayable, sobre el que el conjunto de la comunidad universitaria debe sentar posición.
Si las autoridades de la UNR se niegan a manifestarse sobre el asunto –el inexplicable silencio sobre el asunto de la página web de la UNR parece ir en esa dirección-, desde la agrupación Santiago Pampillón junto al movimiento estudiantil y docente llevaremos adelante todas las medidas de lucha para defender a la Universidad pública.
Santiago Pampillón - el grito
Frente Popular Darío Santillán
Rosario
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