Protestar no es terrorismo!

Organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos y políticas participamos el miércoles 15 de una Jornada Nacional de Protesta por la derogación de la Ley Antiterrorista. Hicimos un acto frente a los Tribunales Federales de Oroño y Rioja, donde exigimos que se termine la persecución y represión hacia los movimientos populares que luchamos por nuestros derechos.

Las modificaciones al Código Penal votadas por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado son una clara herramienta de disciplinamiento social. En su artículo 3, la ley 26.734 establece que “cuando alguno de los artículos previstos en el Código Penal hubiese sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del máximo”. De este texto tan vago se desprende que puede ser tomado como terrorismo, por ejemplo, cuando las trabajadoras y trabajadores desocupados reclaman trabajo o la posibilidad de gestionar de forma autónoma una cooperativa; cuando un grupo de vecinos y vecinas de un barrio demanda tierra y vivienda; cuando los trabajadores exigen un salario digno; cuando los estudiantes piden la derogación de la Ley de Educación Superior menemista; o cuando cualquier organización social se moviliza ante la violación de un derecho. En todos estos casos, se solicita a los gobiernos y al estado que realicen un acto, que tomen una medida para solucionar una situación. Hoy, eso puede ser terrorismo.

No alcanza el palabrerío del progresismo kirchnerista para justificar su votación de la ley. Es más: las líneas incluyeron en el texto de la ley y que intentan ser un “paraguas jurídico” (“Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”) son letra muerta.

Para muestra, vale un botón. A pocos días de su aprobación en diciembre del año pasado, un fiscal de Catamarca pretende utilizar la nueva ley pedida por los centros imperiales contra los vecinos y vecinas organizados por la defensa de su territorio y por el fin del saqueo que llevan adelante las grandes corporaciones mineras.

El relato oficial sobre la “no represión de la protesta social” cruje cuando se repasan los sangrientos hechos del último año y medio, protagonizados por fuerzas estatales o grupos de choque que son parte del esquema de alianzas del kirchnerismo. Así, se sucedieron desde octubre de 2010 el asesinato de Mariano Ferreyra por una patota de la Unión Ferroviaria, de los hermanos Qom en Formosa, de los ocupantes del Parque Indoamericano y de los pobladores de Libertador General San Martín (Jujuy), y las represiones policiales a los docentes de Santa Cruz que llevaron su reclamo a Capital, a los estatales de esa provincia patagónica que pelean contra el ajuste, y, recientemente, a los ambientalistas de Catamarca y Tucumán. El sistema de espionaje de Gendarmería llamado “Proyecto X” -que consiste en la infiltración en asambleas y actividades de los sindicatos combativos y el seguimiento de sus principales referentes- es una muestra de la supervivencia de los métodos de la dictadura en las fuerzas de seguridad.

Todos estos hechos, como los síntomas de una enfermedad, son la superficie de algo más profundo. El modelo tiene grietas profundas: la consolidación de un modelo productivo extractivo, basado en el saqueo de los bienes comunes, la precarización laboral de 1 de cada 3 trabajadores y trabajadoras, la negación a amplios sectores populares rurales y urbanos de su derecho a la tierra y la vivienda.

En este nuevo escenario de “sintonía fina”, dependerá de la amplia organización y movilización popular que podamos frenar el avance represivo y la destrucción de los territorios, perforar los techos que pretenden imponer a los reclamos salariales para sostener las ganancias empresarias, y avanzar en la garantía de derechos básicos como vivienda, salud y educación para todos y todas.