El miércoles por la madrugada se conoció la noticia de la desaparición de Víctor Martínez, testigo clave en el asesinato en 1977 del obispo Carlos Ponce de León. El testigo declaró en la causa, fue acusado de falso testimonio y procesado por el Juez Carlos Villafuerte Ruzo, a quien Martínez le inicio una querella y un pedido de Juicio Político. Durante el último tiempo Martínez recibió amenazas relacionadas con su testimonio y la causa en la que el mismo se desarrolló.
Minutos después de que se conozca la grave noticia, organizaciones sociales, organismos de DDHH y Partidos Políticos nos autoconvocamos en la puerta de los Tribunales Federales de Rosario para exigir la inmediata aparición con vida de Víctor Martínez. Consecuencia de la masiva convocatoria, definimos marchar hacia el Arzobispado de Rosario a exigirle a la Iglesia que se posicione y acompañe los pedidos de Aparición con vida y el apoyo al testigo en su testimonio clave. La única repuesta que encontramos fue el silencio cómplice y una fuerte presencia policial.
El día jueves, por el alcance nacional y público que tomó la desaparición y fruto de las movilizaciones espontáneas que surgieron para exigirle al gobierno nacional que se haga responsable de la urgente búsqueda, se conoció la noticia de la aparición de Víctor Martínez, durante la madrugada, en un barrio de Buenos Aires.
Una vez más, quienes venimos sosteniendo las banderas del Juicio y Castigo, nos encontramos ante otra situación de extrema gravedad que atenta contra la vida y la seguridad de l@s miles de hombres y mujeres que con su testimonio aportan al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los genocidas de la última dictadura. El secuestro de Víctor Martínez se suma al caso Silvia Suppo y a la desaparición de Jorge Julio López demostrando, nuevamente, que hay que seguir exigiéndole al Gobierno Nacional el inmediato desmantelamiento del aparato represivo aun vigente para frenar el accionar impune de las fuerzas represivas.
Al mismo tiempo, se hace cada vez más necesario y urgente el aceleramiento de los tiempos de los juicios de lesa humanidad. En este sentido, el 2011 nos encuentra con menos genocidas caminando en las calles de Argentina, pero con la realidad de que el Estado argentino sólo efectivizó 42 juicios orales con sentencia en todo el país. Con esos juicios sólo el 10 % del total de represores procesados fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Hubo en esos procesos 16 absoluciones de sonados integrantes de las patotas de Terrorismo de Estado. Y si bien hay una similar cifra de genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de los procesados se encuentra en libertad; además de haber varias decenas de represores prófugos de la justicia y de que la cifra mayor de todas es la de genocidas que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos aún pendientes.
En Rosario, denunciamos y repudiamos la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que otorgó la libertad a los genocidas que hoy son juzgados por delito de lesa humanidad en la Causa Diaz Bessone. Frente a esto ni el gobierno nacional ni el provincial hicieron nada.
Desde la COMPA, estamos convencid@s que los distintos niveles del estado tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad a tod@s l@s compañer@s que hoy tienen en sus manos la tarea histórica de hacer memoria para reclamar justicia. Por todo esto, seguimos exigiendo:
- Cárcel común, perpetua y efectiva
- Prisión preventiva para todos los imputados
- ¡Sentencias firmes ya! Basta de genocidas en sus casas
- Esclarecimiento de los casos Silvia Suppo, Jorge Julio López y Víctor Martínez. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. En Rosario, Socialismo Libertario y Frente Popular Darío Santillán.
