Como es de público conocimiento, desde julio del pasado año se están llevando adelante, en las instalaciones de los Tribunales Federales de calle Oroño, las audiencias del Juicio a los genocidas de la última dictadura militar, nucleados en la causa Díaz Bessone (ex Causa Feced). Los imputados de la misma, son el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky. El Segundo Cuerpo del ejército operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, el mayor centro de detención clandestina en la región y donde sufrieron cárcel y torturas entre 1800 y 2000 personas. El martes declaró la jueza Federal Laura Cosidoy, denunciada por compañer@s y organismos de derechos humanos como cómplice de la dictadura.
El Juicio ha pasado ya por varias etapas y actualmente han finalizado las declaraciones de los testigos de las querellas y la Fiscalía , proceso que llevo más de 6 meses. Meses de aguantes y abrazos, cuando nuestr@s compañer@s se enfrentaron a sus torturadores para denunciarlos, reconstruyendo los hechos que hoy, a 35 años arden en la memoria de tod@s y cada un@ de l@s más de 160 testigos que pasaron por la sala de Audiencias del TOF Nº 2.
Desde el Frente Popular Darío Santillán estamos convencid@s, desde el primer día de la causa Guerrieri- Amelong, que sólo con la participación de tod@s en las audiencias lograremos acabar con la impunidad con la que contaron y cuentan los genocidas de la última dictadura. Es así, que cada semana nos acercamos a los tribunales a acompañar a l@s testigos y querellantes que día a día se sientan en la sala a relatar y denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos por los imputados. De la misma manera y con la misma convicción, seguimos exigiendo la cárcel preventiva para todos los imputados de la causa, quienes con la más absoluta impunidad cuentan con el beneficio de la libertad a pesar de los crímenes atroces y aberrantes que han cometido. Esta impunidad se expresa en situaciones como el intento de fuga que distintas organizaciones denunciamos hace un mes, ante la ausencia al control del genocida José Antonio Scortechini.
Esta semana comenzaron a darse lugar, en la sala de audiencias, los testimonios de los testigos de las defensas. El primero de ellos se desarrolló el martes y fue el de la actual Jueza de TOF Nº1, Laura Inés Cosidoy. La testigo, quien se desempeñó como Defensora Pública Oficial durante los años de la última dictadura Militar, fue señalada por varios testigos como una pata más del aparato cívico-militar que garantizó la impunidad del accionar de las Fuerzas Armadas y policiales. En este marco, y como se esperaba, ayer no fue una audiencia más. La presencia de policías de la Brigada Antinarcóticos de civil, que acompañaron a la Jueza y de empleados judiciales avalando la declaración y la actuación de la misma, fue un hecho lamentable para todos l@s militantes, ciudadan@s, periodistas, testigos, madres, hij@s que nos hacemos presentes constantemente a reclamar juicio y castigo. En clara violación del derecho al secreto profesional, la doctora Cosidoy aprovechó su paso por las testimoniales para responder a los diversos comentarios que testigos realizaron sobre sus actuaciones como defensora pública, algo absolutamente improcedente, ya que no es lo que se está juzgando en el juicio. El Tribunal, tan rígido con los reiterados pedidos que realizamos desde el Espacio Juicio y Castigo, como una sala mas grande, mayor rapidez en los tramites de ingreso a la sala y otras cuestiones que hacen al carácter publico del juicio, en el día de ayer permitió que la Jueza realice una extensa aclaración que en los hechos fue un derecho a réplica, no previsto en el derecho procesal penal de la Nación. La soberbia de sus palabras, la liviandad con que leía supuestas cartas personales de pres@s politic@s y la clara intención de deslegitimar los testimonios de much@s compañer@s, fueron el límite de una audiencia insostenible. Las querellas, y la fiscalía, ante esa situación, al cierre de la audiencia, pidieron la nulidad de su testimonio, ya que diversos aspectos del mismo, ponen en tela de juicio su acceso a las testimoniales anteriores y la violación al secreto profesional, entre otras cuestiones mas especificas.
Al cierre de esta nota, se está esperando la resolución del Tribunal sobre el planteo de nulidad de todas las querellas y la Fiscalía.
Los hechos ocurridos el martes 10 de mayo, dejan de manifiesto que hoy, como ayer, sigue siendo fundamental la presencia de tod@s en los juicios, sobre todo, porque a los testigos de la defensa solo queremos oírles decir dónde están nuestr@s compañer@s y no cómo se lavan la cara de haber sido garantía de impunidad en este país. Las audiencias continuarán tal como vienen siendo los días lunes y martes y los miércoles cada 15 días, a partir de las 9:30hs en Oroño al 900.
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