A diez años de la rebelión popular de diciembre de 2001, la justicia santafesina homenajea a los asesinos y encubridores: Ernesto Velázquez, quien realizara el disparo que mató al Pocho, atiende un carrito de hamburguesas en Arroyo Seco; sus camaradas encubridores, todos absueltos.
La impunidad en la campaña
A pocos días de las elecciones internas provinciales, ningún candidato o referente mencionó los nuevos avances en la causa del asesinato del Pocho Lepratti: el pasado 26 de abril la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rosario absolvió de culpa y cargo a los cinco policías condenados en 2009 por encubrimiento. Por su parte, el autor material, Ernesto Velázquez, goza de libertad condicional y atiende un carro de de comidas rápidas en Arroyo Seco. Los responsables políticos, Carlos Reutemann y Enrique Álvarez, ministro de Seguridad durante los hechos de diciembre de 2001, continúan disfrutando de su holgada vida.
Lejanos parecen los días en que el candidato socialista Hermes Binner asumía la gobernación y recibía a los organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de la represión del 2001. En aquellos días del 2007, declaraba, “es una deuda pendiente de la Justicia santafesina la de encontrar los responsables políticos del hecho”. A cuatro años, un balance tentativo expone los magros resultados de una política vacilante.
Santa Fe fue la provincia que mayor cantidad de muertes tuvo en la represión de la protesta social en todo el país. Graciela Acosta (35), Juan Delgado (28), Walter Campos (17), Yanina García (18), Claudio “Pocho” Lepratti (38), Graciela Machado, Ricardo Villalba (16), Marcelo Pacini (15) y Rubén Pereyra (20) son los nueve nombres. Hacia mayo de 2011, el único responsable vinculado a la represión aun preso es Luis Quiroz, condenado a once años de prisión por el asesinato de Graciela Acosta.
Los de arriba siempre terminan acordando. Al igual que Kirchner garantizó la impunidad a Duhalde, promesas de por medio a los familiares y compañerxs de Darío y Maxi, Binner renunció a sus promesas de campaña. En Rosario festejamos encendidos las condenas a los genocidas, hoy exigimos, una vez mas, acabar con la impunidad de los asesinos.
La causa del Pocho
Claudio “Pocho” Lepratti militaba en el barrio Ludueña y era delegado de ATE. Trabajaba en la cocina de la escuela José Serrano del barrio las Flores. La tarde del 19 de diciembre el Pocho y algunos compañeros estaban en el techo de la escuela mirando como la cana se desbandaba. Hay corridas y un patrullero entra por la calle.
“Dejen de tirar hijos de puta, acá hay chicos comiendo”. Veláquez y otro efectivo bajan del móvil. Dispara. Pocho cae con una herida en la garganta.
Según el registro policial, desde el techo de la escuela se efectuaron disparos contra el móvil y Velázquez respondió en legítima defensa. Se constatan dos impactos de bala en el chasis. Las pericias balísticas de Gendarmería reconocen una perforación de bala 9 mm , la misma usada por la Policía. La trayectoria trazada desde estas perforaciones proyecta que el disparo debió efectuarse a corta distancia y desde baja altura. Por último, el asesino y sus encubridores intentaron abrirle al Pocho un sumario policial por ataque y resistencia a la autoridad cuando ya estaba muerto.
Los condenados en 2009 fueron el entonces jefe de la sub 20ª, comisario Roberto de la Torre ; el ex titular del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Daniel Horacio Braza; el jefe del móvil en el que iba Velázquez, Rubén Darío Pérez (quien también disparó aunque no hirió a Lepratti); y al chofer de la unidad, Marcelo Fabián Arrúa. También fue sentenciado el oficial de guardia Carlos Alberto De Souza por insertar datos falsos en el libro de guardia. Hoy todos en libertad.
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