La decisión del gobierno de cambiar la política de subsidios en los servicios de luz, agua y gas, pone en debate lo ocurrido en los últimos 9 años y abre un espacio para discutir la forma en que se está llevando adelante la provisión de estos servicios públicos.
1. No cabe duda de que era hora de eliminar los subsidios abiertamente injustificados a las fracciones más ricas de la población y el empresariado local. En un sólo año, esos subsidios representan más de 3000 millones de pesos. La pregunta incómoda es cuál fue el justificativo para haber mantenido esa política establecida por Duhalde pero mantenida y profundizada por el kircherismo. ¿Cuántas viviendas, escuelas, obras de agua, gas y luz en barrios populares podrían haberse realizado con esos miles de millones de pesos? ¿Qué hará ahora el gobierno con los recursos ahorrados: destinará los subsidios a expandir la red de agua potable, gas natural y energía eléctrica en los barrios más necesitados, o aplicará los recursos a mantener el superávit fiscal y así seguir garantizando el pago de la deuda pública?
2. El subsidio a la población más pobre es enteramente razonable. Lo que sí cabe preguntarse es por qué luego de 9 años de crecimiento acelerado, en el modelo de “crecimiento con inclusión” del “capitalismo en serio” millones de personas siguen careciendo de agua potable, luz y gas. Miles de millones de pesos en subsidios a las empresas privatizadas no han servido para eliminar el profundo déficit de acceso a los servicios. Para colmo, quienes son forzados a seguir recibiendo subsidios para subsistir en la pobreza deben sacar “certificado de pobres” para garantizar su derecho constitucional a estos servicios básicos para la vida. ¿Alguien sabe cuáles son los verdaderos costos de la provisión de agua, luz y gas? ¿Por qué era necesario subsidiar a las empresas para mantener las tarifas bajas? ¿Las empresas privadas proveedoras de servicios públicos privatizados necesitaban recibir millonarios subsidios para seguir operando con ganancias razonables?
3. Por otro lado, eliminar el subsidio a los más ricos no pone en cuestión que tras la rifa del patrimonio nacional del menemismo, una parte importante de nuestra economía quedó en manos de capitales extranjeros: bancos, servicios públicos, YPF, grandes empresas, etc. Es un proceso de extranjerización que continuó y se profundizó durante el kirchnerismo. Hoy que el capitalismo está en crisis, las casas matrices de estas empresas recurren a nuestra riqueza para financiarse, mientras trasladan los costos de la crisis que ellas mismas generaron a sus pueblos. Mucho menos se pone en cuestión la lógica del patrón de consumo de gas, luz y agua, todos servicios básicos producidos a partir de la explotación de las riquezas naturales. Los ricos pagarán más, pero podrán seguir haciendo uso y abuso de los recursos, derrochándolos mientras millones carecen siquiera de acceso mínimo a esos servicios y la degradación ambiental producida por el abuso de consumo suntuario continúa. ¿No será tiempo de revisar en serio las privatizaciones? ¿Es suficiente estatizar Aerolíneas Argentinas o se trata de avanzar sobre las empresas privadas proveedoras de agua, gas y energía eléctrica, entre otras?
4. Por último, la segmentación tarifaria (los pobres tienen una “tarifa social” mientras que los ricos pagan más) sólo compensa parcialmente la enorme desigualdad de ingresos y riqueza que persiste, y no pone en discusión la injusta estructura tributaria. Efectivamente, se mantiene intacto un esquema de impuestos donde los pobres pagan proporcionalmente mucho más que los ricos. Más que un esquema de tarifas segmentadas necesitamos un sistema tributario equitativo donde los ricos aporten más para financiar la provisión pública de servicios públicos de acceso universal y tarifas justas.
El gobierno suele presentar sus urgencias (garantizar el superávit fiscal frente al impacto de la crisis global) bajo la forma de medidas de apariencia “progresista” (eliminación de subsidios). Sin embargo, siempre se queda corto y lo que parece un avance suele resultar en retrocesos. En este caso, en lugar de aprovechar la oportunidad para poner en debate la matriz de provisión de servicios públicos creada en el neoliberalismo, el gobierno “profundiza el modelo” con ajuste fino: fortalece el modelo privatizador y legitima un discurso que vincula el acceso a derechos básicos sólo a partir de la “demostración de pobreza” mientras – simultáneamente – deja intacta la estructura de desigualdad social heredada pero nunca cuestionada.
¡Recuperación de las empresas de servicios y transporte rifadas en los 90! ¡Trenes, subtes, teléfonos, celulares, gas, internet, electricidad, agua en manos del Estado, sus trabajadores y usuarios!
¡Por una reforma impositiva que privilegie al pueblo trabajador!
¡Basta de privilegios a las grandes empresas! ¡No a los aumentos de tarifas al pueblo trabajador!
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